La Ley General de la Discapacidad (LGD), aprobada mediante el Real Decreto-legislativo 1/2013 de 29 noviembre, es la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social que refunde, regulariza, aclara y armoniza la antigua LISMI (Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad) la LIONDAU (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad) y las Infracciones y Sanciones (Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad).

El cumplimiento de esta Ley se ha convertido en un objetivo prioritario de la Inspección de Trabajo y el incumplimiento de la Ley supone, además de la dificultad de lograr contratos con las distintas Administraciones Públicas, posibles sanciones importantes.

Han pasado más de dos décadas, que existe una ley que pretende, entre otros objetivos, impulsar y fomentar la integración laboral de personas discapacitadas. Para ello, se establece para las empresas públicas y privadas, con una plantilla superior a 50 trabajadores, la obligación de contratar a un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%.